¿Arde París? preguntaba Hitler, impaciente por saber si se había cumplido su orden de calcinar la ciudad ante la llegada de los aliados. No ardió como él esperaba. Pero París ha ardido muchas veces. También estos días. Y otros lugares de Francia como Limoges, cuyo ayuntamiento ardiendo nos dejaba una imagen para la historia. Porque cuando Francia ha ardido no ha sido principalmente por ataques externos, sino por conflictos internos: revoluciones, barricadas, comunas, huelgas, manifestaciones, chalecos amarillos.
Las ciudades francesas no son las únicas. En las últimas semanas, numerosos disturbios y manifestaciones se suceden por toda Europa, provocados por distintas formas de malestar y precariedad, y azuzados y manoseados desde la política nacional y la geopolítica internacional.
Sin embargo, Francia continúa siendo un referente especial. Su caso ilustra emblemáticamente la policrisis europea, mecida entre la pugna internacional y sus propios problemas internos. Pero, además, Francia ofrece una singular confrontación entre su potente pero agrietado Estado social — concebido para preservar la paz social — y su capacidad especialmente combativa para la movilización y la protesta.
Conviene, por tanto, levantar la vista de lo inmediato y explorar las raíces históricas de esta dicotomía entre Estado y protesta, su legitimidad y orquestación, su articulación tecnológica y cómo los últimos escarceos obedecen a una indigestión de la Gran Recesión. Una perspectiva sin la que resulta difícil comprender las inercias y los laberintos sistémicos que hoy burbujean en las calles de París, Marsella o Limoges.
La arquitectura histórica del Estado francés
Desde hace mucho tiempo, el Estado francés ha exhibido un centralismo férreo, gobernando desde París mediante un aparato burocrático y directrices firmes. Esta estructura suele atribuirse al período en el que los jacobinos más inflexibles tomaron el poder durante la Revolución francesa y lo proyectaron sobre todo el país. Sin embargo, Tocqueville ya señaló a mediados del XIX que la administración revolucionaria pudo centralizarse porque heredó el aparato del absolutismo monárquico que la Revolución pretendía destronar.
Las atribuciones de un poder central con escasos contrapesos fueron perfilándose mucho antes de 1789, especialmente después de las guerras de religión del XVI. La prosperidad del campo francés y la habilidad política de sus monarcas alimentaron un régimen absolutista que fue concentrando poder en detrimento de la nobleza hasta alcanzar su cenit con Luis XIV, el Rey Sol, al que se le ha atribuido repetir por los pasillos de Versalles la fórmula L’État, c’est moi: El Estado soy yo.
Simplificando, el relato ilustrado y revolucionario sostiene que el derribo de la monarquía entregó el poder al pueblo hambriento y rebelado. En realidad, la joven República, a pesar de su adanismo, no partió de cero. Sobrevivió imponiendo una voz mediante una tecnología de la información como el telégrafo óptico y aprovechando buena parte de la maquinaria administrativa del absolutismo más centralista. Radicalizó el esfuerzo uniformizador de los Borbones1. El francés fue imponiéndose como lengua nacional y París se consolidó como epicentro incontestable de la patria tricolor. El proceso, no obstante, fue más lento. Se prolongó durante el XIX e incluso para algunos no se consolidaría hasta que bretones, vascos y provenzales acabaran compartiendo trinchera bajo un mismo uniforme durante la Primera Guerra Mundial.
Por otro lado, la legitimación de la nueva República se reforzó con la proclamación revolucionaria de la igualdad ciudadana. Pero los procesos históricos rara vez sufren transformaciones completamente disruptivas. El fortalecimiento del Estado francés mantuvo una estructura jerárquica trasplantada desde el Antiguo Régimen bajo criterios nuevos. La Revolución reemplazó unas élites y creó otras, fuertemente afincadas en torno a París. Proclamar la égalité no bastó. La mitad de la población continuó excluida del censo democrático durante demasiado tiempo, pese a tempranas reclamaciones como las de Olympe de Gouges. Además, la nueva dinámica social reprodujo un elitismo casi hereditario. Como señaló Bourdieu, las grandes écoles y los cuerpos de altos funcionarios comenzaron a seleccionar y legitimar una élite dotada de considerable poder político, administrativo y económico. Su comparación con la antigua nobleza de toga quizá fuese provocadora, pero apuntaba a una continuidad innegable en la que el privilegio de nacimiento fue reemplazado por mecanismos meritocráticos fuertemente jerarquizantes y cuestionables.
Es cierto que Francia ha alcanzado desde entonces niveles de bienestar y de redistribución inauditos. Pero, quizá por un efecto de prevalencia inducida, la paradoja de Tocqueville parece seguir encajando especialmente bien en ella: las sociedades más igualitarias pueden ser aquellas en las que las desigualdades se vuelven más intolerables. Francia pone mucho empeño en que su Estado siga liderando la lucha contra esa desigualdad.
La predilección por un Estado fuerte y centralizado no responde por supuesto a una preferencia cultural inmutable de los franceses, pero tampoco es una ocurrencia reciente. Fue el producto de un proceso largo que desarrolló mecanismos de incentivos realimentados por la arquitectura institucional. Los gobernantes revolucionarios, apelando al universalismo ilustrado, repudiaron muchas instituciones intermedias del Antiguo Régimen: corporaciones profesionales, privilegios gremiales y agrupaciones capaces de representar intereses particulares — potencialmente contrarrevolucionarios — fueron rechazados frente al interés general. La ley Le Chapelier de 1791 prohibió las coaliciones de trabajadores, pues entre el individuo y la nación no debían interponerse grupos intermediarios. El jacobinismo trenzó la unidad política con los hilos de la desconfianza hacia el pluralismo organizado y reservó para el Estado la representación privilegiada del interés general, encarnando la volonté générale de Rousseau. Eso debilitó los mecanismos de concertación frente a la primacía de la ley estatal. Los sindicatos franceses de hecho no serían legalizados hasta 1884, casi dos décadas después que en Gran Bretaña o los Estados alemanes.
Sin embargo, más allá de la separación de poderes del Estado, cualquier sociedad plural necesita organizaciones autónomas capaces de negociar los desacuerdos que produce la democracia. Durante demasiado tiempo en Francia, sin embargo, se estableció una dinámica en la que el poder no podía reformarse y debía tomarse. La Revolución como tal había inaugurado una fuente nueva de legitimidad: la rebelión y el derecho a protestar cuando los abusos del Gobierno pusieran en peligro los derechos del pueblo2.
La construcción histórica de una cultura de protesta
Un Estado fuerte y legitimado permite levas masivas, como las que sostuvieron a la Revolución y las guerras napoleónicas. Pero también debe pugnar con una sociedad tan leal, en cierto sentido, como indócil. Cuanto más vertical es una organización, más conflictivos pueden resultar los cambios. Las burocracias tienden a construir reglas impersonales y jerarquías rígidas que dificultan corregir sus propios errores. Por eso la protesta es tan necesaria para desbloquear la falta de adaptación inercial, aunque produzca crisis y confrontaciones.
El problema de la planificación centralizada es que tiene dificultades para aprehender la particularidad y multicausalidad de la realidad social. Los registros, las estadísticas, las divisiones territoriales y las reglas uniformes son simplificaciones útiles, pero pueden ignorar el conocimiento práctico y las circunstancias locales al intentar hacerlas administrativamente legibles. De forma que Francia acabó encontrando en el conflicto un contrapunto recurrente para establecer un sistema bipolar pero contundente, capaz de llevar a cabo reformas ambiciosas — incluso del calendario y del horario — aunque fácilmente se conviertan en enfrentamientos sobre la legitimidad3. Si los canales de negociación son limitados, la movilización adquiere mayor atractivo.
Por eso, frente al centralismo jacobino, Francia llegó a consagrar constitucionalmente el deber de insurrección. El artículo 35 de la Declaración de Derechos de 1793 establecía que, cuando el Gobierno vulnerara los derechos del pueblo, la insurrección constituía el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Aunque nunca entró en vigor, se convirtió en un antecedente extraordinario para la legitimación histórica de la rebelión.
La protesta no es tampoco ninguna característica inmutable del temperamento francés. Pero la historia ha consolidado un repertorio aprendido de acciones colectivas que evolucionaron desde los motines locales, antifiscales y de subsistencia hacia huelgas, manifestaciones y campañas nacionales. Cada generación heredó procedimientos y los adaptó a sus circunstancias. Las primeras barricadas, de hecho, fueron anteriores a la Revolución ya desde el siglo XVI, y funcionaron como una tecnología de coordinación social antes de convertirse en símbolo revolucionario que se internacionalizó durante el XIX. Permitían a grupos con pocos recursos alterar el equilibrio de fuerzas frente a ejércitos y autoridades.
La Revolución consagró también la protesta como parte del relato fundacional de la nación, reproducido mediante símbolos y ceremonias. La letra de numerosos himnos nacionales glorifica hazañas bélicas, pero la francesa bendice la sangre derramada. La cultura romántica contribuyó después a convertir la rebelión en una representación heroica de la libertad. Es así emblemática La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, que avanza sobre una barricada acompañada por personajes de distintas clases sociales. La insurrección de aquella Revolución de Julio de 1830 se proyectaba así como una alegoría universal, modelando la manera en que las generaciones posteriores interpretarían los acontecimientos políticos. También la literatura, con Víctor Hugo a la cabeza, ayudó a convertir insurrecciones derrotadas en victorias de la memoria cultural. Las barricadas de Los miserables (1862) están inspiradas en la insurrección republicana de junio de 1832, reprimida por la monarquía de Luis Felipe. La literatura otorgó posteridad y legitimidad a cada levantamiento fracasado militar y políticamente. Las revoluciones liberales europeas y americanas encontraron así sus principales referencias en los recurrentes hitos revolucionarios franceses4. Una tradición, materializada en la exaltación cultural, que todavía hoy se convierte en carne de meme.
Tras la sangrienta derrota de la Comuna, el conflicto comenzó progresivamente a institucionalizarse. Los derechos de sindicación, huelga, manifestación y sufragio permitieron reemplazar la necesidad de tomar el poder por movilizaciones destinadas a presionarlo, obteniendo en algunos casos ciertas conquistas sociales5. Otras muchas fracasaron, como las movilizaciones más recientes de 2023 contra la reforma de las pensiones. Es difícil sostener, por tanto, que exista un incentivo histórico persistente basado en la eficacia de la protesta. Pero, a pesar de su aparente domesticación, al menos conservó un espíritu combativo y comunero.
En cierto modo, la protesta funciona como una forma de participación democrática basada en la desconfianza ante el poder. Como contrapartida a la enorme concesión al Estado, la ciudadanía lo vigila, impugna y limita entre elecciones. Hasta un límite difuso, por lo que Rosanvallon denomina a estas prácticas contestatarias contrademocracia, pues plantean un conflicto de legitimidad entre grupos movilizados e instituciones democráticamente elegidas. Cualquier democracia es agonista: el conflicto forma parte de la deliberación y no puede eliminarse mediante un consenso perfecto. Pero los franceses han cultivado una tradición especialmente capaz de amplificar y orquestar la protesta de sus minorías movilizadas.
La orquestación del descontento
Ante la percepción de una injusticia, suele venirme a la cabeza la respuesta de aquel chimpancé que, después de aceptar un alimento, lo rechazaba con violencia al comprobar que su compañero recibía otro más apetecible. Más allá del malestar material, existen razones para la movilización cuando consideramos roto un pacto implícito de justicia. Los motines se apuntalan en el hambre o la escasez, pero responden también a sentimientos de injusticia y de falta de reconocimiento ante concepciones compartidas sobre precios justos, obligaciones de las autoridades y comportamientos económicos legítimos. Si proyectamos esa reacción humana, e incluso animal, sobre unos ciudadanos cuya proclama nacional encumbra la égalité, liberté, fraternité, resulta comprensible su específica sensibilidad ante la decepción.
Por ejemplo, muchas reivindicaciones de los chalecos amarillos, dirigidas contra impuestos impopulares ligados a la transición ecológica, expresaban la percepción de que las autoridades habían incumplido obligaciones elementales hacia sus ciudadanos. Así se entiende que una medida fiscal de impacto limitado pudiese desencadenar una indignación mucho mayor que su coste material.
Algo parecido sucede con la inmigración, aunque sea una cuestión de enorme enjundia, clave para Europa, y difícilmente abordable aquí. Pero puede intuirse que la combinación entre la discriminación, especialmente contra la población magrebí, y la falta de integración efectiva produce una percepción de injusticia tanto en la población receptora como en la recibida. El problema ofrece bucles de realimentación perniciosos: la concentración histórica de población norteafricana en condiciones precarias en determinados suburbios genera entornos con menor actividad económica y más delincuencia; el peor desempeño refuerza los prejuicios; la discriminación reduce las oportunidades; y su escasez robustece la identidad étnica o religiosa, el resentimiento y la exclusión.
Al sentirla, la indignación puede encontrar mecanismos de amplificación en los que los franceses han resultado especialmente hábiles. Una minoría organizada puede imponer a mayorías dispersas la lógica de la acción colectiva. Compartir un interés no garantiza participar en su defensa, pues cada individuo puede intentar beneficiarse del esfuerzo ajeno, del mismo modo que reducimos nuestra contribución cuando nos sabemos parte de un grupo. Pero los grupos pequeños y organizados evitan mejor ese problema. Pueden amplificar sus demandas bloqueando transportes o suministros esenciales, mientras los costes de la presión quedan dispersos entre segmentos numerosos de la población6.
Así sucede si se alcanzan ciertos umbrales que pueden variar entre poblaciones, porque algunas personas se movilizan de inmediato y otras esperan a observar un respaldo suficiente. Según la distribución de esos umbrales, dos poblaciones con preferencias parecidas pueden producir resultados muy diferentes. La potente tradición cultural francesa puede haber inclinado estos umbrales en favor de una movilización especialmente efectiva.
Francia presenta, por ejemplo, una divergencia llamativa entre afiliación sindical y cobertura de la negociación colectiva. Hay pocos afiliados en comparación con la proporción extraordinariamente elevada de trabajadores que se beneficia de convenios colectivos. Y esto es extrapolable a otras dinámicas como la de estos días, en las que una reivindicación sectorial puede transformarse en una coalición nacional de descontentos. Las movilizaciones iniciadas por estudiantes contra las carencias educativas se han ido ampliando hacia el coste de la vida, la desigualdad, la inmigración, la discriminación, la falta de integración, la precariedad de los servicios públicos y la respuesta institucional ante la violencia. El resultado es que Francia destaca en indicadores de este tipo entre los países europeos, por ejemplo con más jornadas perdidas por huelgas.
La movilización ha aprendido, además, las virtudes de la descentralización. Los chalecos amarillos convirtieron rotondas y carreteras en espacios de organización, coordinación y presión política en aquellas periferias que conectaban de alguna forma con las antiguas barricadas, pues disputaban el control de puntos estratégicos del territorio. Sin embargo, esta descentralización habría sido inviable sin nuevas formas tecnológicas de cooperación.
De la acción colectiva a la acción conectiva
Resulta natural que la protesta francesa haya abrazado las ventajas de la digitalización para articularse, como en tantos puntos del planeta. Son varios los estudios que han analizado el papel de las TIC en la movilización francesa, como por ejemplo el que encontró una correlación geográfica entre la actividad de los grupos de Facebook creados por los primeros chalecos amarillos y los bloqueos de las rotondas próximas.
No obstante, este abrazo también ha traído consecuencias porque en toda adopción tecnológica siempre hay un coste. Una de las críticas a los movimientos sociales posteriores a la Gran Recesión es que las mismas redes que facilitaron su rápida expansión dificultaron la negociación duradera. Las plataformas reducen los costes de coordinación y permiten reunir grandes multitudes sin desarrollar estructuras estables de representación, en una suerte, exagerando, de militancia de sofá. Los movimientos adquieren rápidamente capacidad para protestar, pero conservan dificultades para construir interlocutores persistentes capaces de negociar propuestas vinculantes. El enjambre, fácilmente, se disuelve. Si a todo movimiento revolucionario le ha costado cristalizar, mucho más cuando el coste de la interacción se reduce hasta licuar la militancia en una simpatía puntual a golpe de tuit. Suele por eso distinguirse entre la acción colectiva tradicional, apoyada en organizaciones e identidades compartidas, de la acción conectiva, basada en la circulación digital de mensajes personales que coordinan a los individuos sin una jerarquía fuerte.
En cualquier caso, la confrontación francesa digitalmente mediada de nuevo se vuelve particularmente antagónica: mientras la sociedad desarrolla redes horizontales capaces de organizarse con rapidez, el Estado continúa gobernándose mediante instituciones verticales y apostó desde el comienzo por un liderazgo público en esta cuarta revolución de la información7. La digitalización también ha potenciado la vigilancia estatal, porque las tecnologías que permiten organizar movilizaciones también facilitan su seguimiento. Por ejemplo, Francia utilizó videovigilancia algorítmica durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 y posteriormente se han venido promoviendo iniciativas para prolongar su utilización. La tensión histórica entre vigilancia estatal y contestación ciudadana se traslada ahora a la frontera entre la legítima detección algorítmica de los acontecimientos y la identificación biométrica de personas.
Como respuesta más conciliadora a la crisis de los chalecos amarillos, el Gobierno organizó en 2019 el Grand Débat National, una iniciativa de consulta digital que recibió cerca de dos millones de contribuciones. Colectivos vinculados a los manifestantes impulsaron paralelamente Vrai Débat, donde podían presentarse, debatirse y votarse propuestas. La diferencia entre ambas experiencias de nuevo recreó la disputa por la legitimidad de quien definía las preguntas, establecía las reglas, interpretaba los resultados y decidía sus consecuencias. Las consultas digitales amplían la expresión ciudadana, pero no resuelven la disputa sobre el poder de decisión.
En cualquier caso, la digitalización permite observar con más claridad que la alternativa al centralismo no tiene por qué ser la privatización. Una gobernanza distribuida y policéntrica puede afrontar determinados problemas de coordinación mejor que un regulador único o que las soluciones mercantiles sometidas a intereses parciales. Las instituciones distribuidas, las reglas adaptadas al contexto y los distintos centros de decisión ofrecen otras posibilidades. Pero la desconfianza francesa hacia la pluralidad de cuerpos intermedios constituye una tradición difícil de reformar.
Una desconfianza hasta cierto punto justificada, porque los algoritmos se introducen inadvertidamente como intermediarios privados en movilizaciones aparentemente espontáneas y horizontales. Las plataformas no son neutrales: sus sistemas de selección, popularidad y monetización modifican la visibilidad de los mensajes. Las revoluciones anteriores también dependieron de panfletos y periódicos, pero la aceleración tecnológica expone hoy los movimientos descentralizados a decisiones privadas muy concentradas sobre qué contenidos reciben atención. Esto debilita todavía más el protagonismo de partidos y sindicatos, mientras unas pocas empresas tecnológicas adquieren capacidad para ordenar la conversación pública.
La IA generativa añade ahora ambigüedad sobre quién convoca realmente una movilización. Hemos visto circular convocatorias mediante carteles generados por IA y cuentas de comportamiento sospechoso, sin una organización claramente identificable que asumiera inicialmente su autoría. Después, estas convocatorias pueden recibir respaldo social y confluir con protestas existentes. La fabricación de señales visuales que desafían a nuestros ojos puede alterar las expectativas de participación antes de que exista una organización reconocible. Hace ya unos años se compartían los primeros deepfakes generados con IA generativa pintando a Macron corriendo delante de las manifestaciones. Hoy, mucho más perfeccionados, son indistinguibles de las imágenes reales.
Es posible que Europa se halle a merced de una guerra híbrida con sus enemigos y que estas protestas estén aceleradas y sean distorsionadas mediante las tecnologías digitales por una manipulación exterior coordinada,; pero no todo contenido sintético remite necesariamente a una operación dirigida desde Moscú o Pekín. En el epicentro de la movilización continúan existiendo causas genuina y endémicamente francesas y europeas.
Francia y el consenso pendiente sobre la Gran Recesión
Un fantasma recorre Europa. Ya no tiende un telón de acero, pero amenaza con agrietar los fundamentos del bienestar europeo que tantos pueblos de la Tierra, y de la historia, ansían hasta morir en la orilla de sus fronteras. Ese fantasma empuja a Europa a decidir qué quiere ser y qué identidad puede resultar viable en el escenario geopolítico actual. Pero para ello urge consensuar el relato posterior a uno de los hitos históricos más recientes, la Gran Recesión de 2008 y cuyas consecuencias riman con otros periodos hasta estremecernos8. Aquella crisis dejó dos grandes diagnósticos todavía enfrentados, entre los que navegan la Europa del Estado social y el caso de Francia en particular.
El relato liberal-conservador sostiene que la Gran Recesión reveló la insostenibilidad de los sistemas de bienestar surgidos en la posguerra para preservar la paz social y contener la influencia comunista. Tras décadas de prosperidad, su crecimiento y el endeudamiento de los Estados habrían alcanzado un nivel imposible de sostener. La burbuja inmobiliaria y la especulación financiera habrían destapado una crisis de deuda anterior a 2008 que ha seguido agravándose. Según esta interpretación, los políticos cortoplacistas perpetúan redes clientelares mediante subvenciones y exenciones financiadas por las capas productivas. El envejecimiento demográfico acelera el problema, amortiguado temporalmente por una inmigración de baja cualificación que también genera costes futuros. La dependencia del Estado erosiona la cultura del esfuerzo, el emprendimiento y la competitividad europea. De ahí las recetas de austeridad, saneamiento de las cuentas públicas y privatización, acompañadas por una apelación identitaria y nostálgica a recuperar la cultura del sacrificio. La base del discurso extrapolado del Make the West Great Again.
El relato progresista-socialdemócrata considera que la Gran Recesión culminó décadas de políticas contrarias a la economía productiva y al Estado del bienestar, aplicadas para favorecer a las élites económicas y financieras. Como apuntó Habermas, la optimización tecnocientífica habría ido presentando decisiones ideológicas como exigencias técnicas inevitables. Esta deriva habría comenzado con la revolución neoliberal de Thatcher y Reagan, el debilitamiento del Estado del bienestar y la posterior caída del bloque soviético. La globalización del capital favoreció a las compañías transnacionales, capaces de aprovechar paraísos fiscales y mano de obra barata. Los países desarrollados desplazaron entonces su actividad hacia los servicios y abandonaron parte de sus sectores primario y secundario, mientras se expandía la especulación financiera sobre activos como la vivienda. La desregulación sostuvo durante un tiempo las ganancias privadas, pero acabó provocando una crisis bancaria cuyas pérdidas se socializaron para rescatar a entidades too big to fail. Las clases vulnerables soportaron buena parte de la precarización. Aunque millones de personas han salido de la pobreza en países como China y la India, en Occidente aumentaron la desigualdad y la pérdida de reconocimiento de grupos sociales que antes ocupaban una posición más estable. Ese malestar contribuiría a explicar el resurgimiento de discursos xenófobos, racistas, machistas y autoritarios.
Ante la incapacidad de articular un consenso, con los partidos de centro y los liberales esclerotizados en una disputa polarizada también algorítmicamente, han florecido populismos por todo el mundo. Francia constituye uno de los ejemplos más visibles. El auge de La Francia Insumisa y, especialmente, el de Agrupación Nacional son dos casos emblemáticos de fuerzas que intentan capitalizar políticamente las protestas que anudan conflictos irresueltos: el coste de la vida y de la vivienda; la desigualdad9; la pérdida de reconocimiento e identidad en sociedades cada vez más heterogéneas10; la impunidad de los Estados que legitiman guerras e incluso genocidios; y un cambio climático cuyas exigencias compiten con necesidades materiales inmediatas11.
Francia no es irreformable. Desde comienzos de siglo ha acometido reformas del desempleo, las pensiones, el mercado laboral y la formación profesional. Pero sus iniciativas han seguido orientaciones cambiantes y contradictorias, sin cristalizar en una transformación institucional duradera. Los ciclos electorales favorecen respuestas presupuestarias inmediatas frente a políticas que necesitan continuidad. Y además puede volverse particularmente ineficaz, por ejemplo subvencionando empresas ineficientes que privan a la inversión productiva. O por ejemplo concentrando ayudas en salarios bajos que pueden incentivar el mantenimiento de empleos poco remunerados y dificultar una estrategia basada en la productividad y la cualificación. Entre tanto, el coste del Estado del bienestar francés en relación con su economía le sigue otorgando un liderazgo europeo discutible12.
Las reformas sistémicas destinadas a racionalizar y hacer sostenible el sistema suelen diluirse en modificaciones parciales o resultar ineficaces. Por ejemplo, la reforma de las pensiones comenzó planteando un régimen universal con reglas homogéneas, inspirado parcialmente en modelos de cuentas nocionales, y acabó centrándose en la edad de jubilación y los años de cotización. Por su parte, la educación, que debería constituir el gran mecanismo republicano para la igualdad de oportunidades, continúa anquilosada en una desigualdad estructural. Parte de las protestas recientes se ha dirigido contra el deterioro de los recursos educativos en el contexto de unos informes PISA que muestran que las diferencias entre cuartiles socioeconómicos son en Francia sensiblemente superiores a la media de la OCDE13.
La eficacia del gasto también resulta controvertida. La inversión en contratos de aprendizaje ha beneficiado especialmente a jóvenes que ya partían de niveles educativos más elevados. El crecimiento del número total de beneficiarios eclipsa que los colectivos más vulnerables pierden peso relativo. Francia dedica recursos extraordinarios a la protección social y conserva una importante capacidad redistributiva, pero mantiene carencias en servicios y oportunidades educativas esenciales.
Esta ineficacia agrava el problema de sostenibilidad. La conservación del Estado social entra en conflicto con su propio futuro, aunque se busquen nuevas formas de aumentar la fiscalidad, sin perder de vista que Francia ya soporta una de las mayores presiones fiscales de Europa.
Surge así una tensión intergeneracional entre pensiones, por un lado, y educación y vivienda, por otro. También entre las pensiones y la carga impositiva que recae sobre una población productiva mas joven que siente recibir cada vez menos a cambio. Uno de los análisis que ilustran este conflicto, aunque requiera matices, compara el coste laboral completo asumido por el Estado al contratar a un profesor con el salario neto que finalmente percibe.
Francia ha construido históricamente un Estado fuerte para tratar de garantizar la unidad y la igualdad. Al mismo tiempo, ha aprendido a desconfiar de ese poder y a enfrentarse a él mediante una cultura de protesta singularmente eficaz. El resultado es un equilibrio inestable en el que cuanto más se espera del Estado, más defraudan algunas de sus decisiones y mayor es el incentivo para impugnarlas desde la calle.
La digitalización no ha resuelto esa tensión. Ha facilitado la movilización descentralizada y ha debilitado a los intermediarios tradicionales, pero también ha introducido nuevos mediadores algorítmicos y ha aumentado la capacidad estatal de vigilancia.
Las calles francesas revelan la dificultad de conciliar un Estado centralizado, una ciudadanía exigente, unas instituciones intermedias debilitadas y un modelo social cuyo coste crece mientras su capacidad para garantizar igualdad, reconocimiento y oportunidades se vuelve más frágil.
París arde, una vez más, porque el Estado francés y la sociedad que lo legitima llevan siglos discutiendo quién representa el interés general, quién debe soportar los costes de preservarlo y qué formas de rebelión resultan legítimas cuando aquel pacto comienza a resquebrajarse porque se acumulan facturas pendientes con la historia.
Gracias por leerme.
Tal y como se intentó después trasladar a España con los Decretos de Nueva Planta.
El tiranicidio fue defendido históricamente por muchos pensadores. El jesuita español Juan de Mariana argumentó en De rege et regis institutione (1599) que era lícito derrocar a un gobernante si usurpaba el poder, rompía el pacto con el pueblo o actuaba como un tirano. Santo Tomás de Aquino también había planteado límites a la obediencia cuando el poder contrariaba el orden natural o divino. Pero la Revolución insertó esa legitimidad de la disidencia a un nivel superior en su declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano.
Sigue sucediendo hoy, incluso sobre intentos de reformas que se inician aplicando procedimientos legalmente previstos, pero fuertemente boicoteados, como en el caso de las pensiones.
Después del fin del primer período revolucionario en 1815, llegaron la Revolución de Julio o las Trois Glorieuses de 1830, la Revolución de Febrero de 1848 y la Comuna de París de 1871. La referencia francesa se volvió universal para la independencia de las repúblicas americanas, como bien ejemplifica la Estatua de la Libertad, símbolo central de la independencia de EEUU, y que fue obsequio del gobierno francés en 1886.
Las huelgas de 1936 favorecieron importantes reformas laborales; mayo de 1968 logró mejoras salariales y sindicales; y las protestas de 2006 contribuyeron a retirar el contrato de primer empleo.
Las reformas urbanísticas de Haussmann bajo Napoleón III abrieron grandes avenidas, modificaron la circulación y alteraron la estructura de los barrios populares. Sus principales objetivos eran sanitarios, económicos y de modernización urbana, aunque algunas vías también fueron concebidas teniendo en cuenta su utilidad militar y la dificultad de levantar barricadas.
Francia fue pionera en los servicios digitales de uso masivo mediante Minitel, desplegado desde los años ochenta sobre una infraestructura impulsada por el Estado. Permitía numerosos servicios privados dentro de un entorno tecnológico y regulatorio organizado centralmente. El proyecto respondía a una estrategia de modernización, autonomía económica y seguridad nacional propia del dirigismo francés.
La Gran Recesión despertó un paralelismo inquietante con la crisis de 1929, que condujo a la Gran Depresión y favoreció el ascenso de los totalitarismos belicistas. Aunque la historia no se repite, a veces rima y, al menos, da que pensar.
El contraste entre el crecimiento de los mercados bursátiles y los beneficios de las grandes empresas, por un lado, y la limitada revalorización salarial, por otro, resulta cada vez más acusado. A ello se suman nuevas formas de automatización, destrucción y precarización del empleo apoyadas en la tecnología que cuestionan la sostenibilidad del modelo y aceleran el malestar.
Interesante el debate ficcionalizado entre la posición más materialista de Ignacio Sainz de Medrano y la más idealista de Edu Rodríguez aquí.
Buena parte de la protesta de los chalecos amarillos contra los impuestos sobre los carburantes respondió a que los costes de una transformación ecológicamente racional se percibían como inequitativos. El cambio climático puede ser interpretado como una preocupación de quienes tienen recursos para asumirlo cuando los costes recaen sobre las capas más vulnerables.
Francia registró en 2025 un gasto público equivalente al 57,2 % del PIB y una deuda pública del 115,6 %.
Francia presenta una brecha 27 puntos mayor que España y 20 puntos mayor que la media de la OCDE.
Qué delicia de lectura. Cómo has hilado el problema estructural con el nuevo entramado digital.
Gracias por el enlace y a la mención en tus notas.
Sobre el debate del otro día: Edu Rodríguez dice que soy un marxista cuando el marxista es él 😂. Otra cosa es mi metodología.
Por cierto que se te echó de menos en el intercambio de argumentos.